LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN DUDA.

En los últimos días la presidenta del Concejo Deliberante cañadense realizó una movida en los medios locales con el argumento de que el gobierno  de Clerici es una gestión transparente, repudiando el nepotismo en las sedes gubernamentales. Sin embargo, los funcionarios clericistas presentan varios parientes en el poder, y en 2012 los ediles oficialistas se opusieron a la ordenanza  que controla esta irregularidad.

Tras conocerse casos de nepotismo en el Gobierno nacional y luego del escándalo que involucró al Ministro de trabajo Jorge Triaca, el tema pasó a formar parte de la agenda de todos los medios que comenzaron a dar a conocer casos tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Rápido de reflejos, el oficialismo cañadense salió a tomar postura en éstos casos con particulares declaraciones de la Presidenta del Concejo Deliberante, Carina Mozzoni quien, evitando las repreguntas, se manifestó en los medios oficiales diciendo que “Tenemos un gobierno municipal austero y eficiente, que todos los días hace obras, presta servicios y produce, con transparencia y equilibrio. Adherimos a la disposición nacional, sin dejar de recordar que Cañada es pionera ya que desde 2012 se implementó la ordenanza 7706 que limita el ingreso de familiares de funcionarios políticos”. Hasta ahí parecería que estamos ante un gobierno sin fisuras y que roza la santidad. Pero La Imprenta comenzó a investigar y nos fuimos hasta 2012 cuando se aprobó dicha Ordenanza. El Concejal del Frente Progresista Matías Chale recuerda: “en 2012 presentamos una ordenanza para evitar el nepotismo el cual a diferencia del decreto nacional, la ordenanza que fue presentada por nosotros y aprobada, vale aclarar que la aprobación fue por mayoría de cuatro votos a tres, el oficialismo sacó un dictamen en disidencia que incorporó que se exija por una ordenanza a los legisladores provinciales y al Ejecutivo Provincial, lo cual es imposible exigir por una ordenanza a un ente superior, fue una forma para no votarlo. En ese momento y a diferencia del decreto nacional se presentó porque había muchos contratados, monotributistas contratados por parte del ejecutivo Municipal que eran parientes de funcionarios o de políticos locales”. A partir de ésto nos dimos cuenta que el Municipio de jacta de tener algo en lo nunca estuvo de acuerdo. Además dicha Ordenanza limita la entrada de familiares de funcionarios como contratados no así como personal de planta permanente. En el artículo 3 dice: “En caso de que la Municipalidad de Cañada de Gómez efectúe un llamado a concurso para el nombramiento de personal permanente en los términos de la ley 9286, no existirá ningún impedimento para que los parientes de cualquier grado de los funcionarios precedentemente enumerados, puedan presentarse y concursar, el cargo correspondiente”. Pero la realidad es otra, el mismo Chale explica que pasó después de la sanción de la Ordenanza en noviembre de 2012, “Hay casos que están contrariando ese decreto nacional, el más emblemático hasta hace poco era el del marido de la Intendenta con cargo de Secretario legal y Técnico pero hay muchos más que están ocupando. En 2012 nosotros lo tomamos como una burla, no al Concejo Deliberante que sancionó esa ordenanza ni a los concejales, sino a la ciudadanía. Muchos y estaban contrariando esta ordenanza  de no poder ser contratados los familiares de políticos pasaron a ser parte del gabinete. Se crearon coordinaciones, direcciones y se agrandó el gabinete municipal para darle lugar a aquellos familiares que estaban siendo contratados, monotributistas o con contratos de prestación de servicios pasaron a ser miembros de gabinete, inclusive algunos con aumento de sueldos. Burlando la Ordenanza, hecha la ley hecha la trampa muchos abogados en el Municipio buscaron esta forma de esquivar el cumplimiento de la ordenanza, violaron el espíritu de la misma para no llenar de familiares o parientes el Municipio”.

 Según gente de SITRAM que fue consultada por La Imprenta nos dijo: “Ese es el problema que siempre hay en las reuniones nuestras donde nosotros vemos que hay gente que está subrogando una categoría que no le corresponde y pasan por arriba del gremio, nunca nos dicen nada, nunca llaman a concurso, por eso muchas veces hay problemas más de todo. Han pasado gente a puestos que no subrogan. Uno de los puntos de la lucha de la huelga del 2014 fue ese”.

También contaron que no se hacen concursos para el ingreso desde hace al menos treinta años o más, solamente se anota gente, se le solicitan los requisitos para el ingreso y la selección de personal se realiza a criterio del Ejecutivo

NOMBRAMIENTO SIN CONCURSO

Un caso emblemático del rechazo del concurso por parte del Municipio fue la designación de la nueva Secretaria del Concejo Deliberante ante la jubilación de Marisa Arnolfo. Cuando se convocó a ocupar el cargo de Secretaria del Concejo se llamó a un concurso público y abierto donde se presentaron más de cien cañadenses, hubo entrevistas, talleres teóricos y prácticos y una evaluación. El 15 de diciembre de 2015, en la primera sesión del cuerpo deliberativo con mayoría del oficialismo, desde el Departamento Ejecutivo se envió un veto a la Resolución Nº 1996 que designaba a la Dra. Patricia Serri como nueva Secretaria del Concejo. Desde el Frente Progresista, se señaló como improcedente el veto y se fundamentó la potestad del cuerpo a determinar sus empleados. Los fundamentos vertidos en el veto tienen la asesoría del Departamento Legales del Municipio que establece observar totalmente la resolución por ser este cargo un puesto político que debe definir el Ejecutivo. Previamente había sido rechazada la jubilación de Marisa Arnolfo y hasta que eso no pasara, no podía asumir quien fue designada, cuando se tuvo mayoría en el cuerpo procedieron a emitir dicha resolución. Luego de un año y medio le otorgaron la jubilación a Marisa Arnolfo y se nombró una secretaria sin llamado a concurso. Es una persona que estaba trabajando en el Gabinete municipal y pasó al Concejo.

ACUSACIONES

En la nota salida del Área de Comunicación y replicada por todos los medios donde Mozzoni habla de la transparencia, también se refiere a Matías Chale y le pide explicaciones por sus familiares en cargos provinciales diciendo: “Si hablamos de transparencia y austeridad, primero debe rendir cuentas a la sociedad por el desvío de subsidios que todavía él ni el senador pueden explicar a la Justicia. Pero también  cómo es que gran parte de su familia hace años vive de la política, ocupando puestos políticos en distintos estamentos de gobierno”.  En exclusiva para nuestro medio, Chale le responde: “en la administración de Cañada de Gómez o que tenga relación conmigo en el Municipio, no hay absolutamente nadie, no he hecho ningún esfuerzo ni ninguna gestión para que entre alguien. Mi hermano fue Concejal electo en la ciudad de Rosario, antes de que yo sea Concejal. Él fue Secretario de la Producción en  Rosario y fue Concejal luego. Cuando se le terminó el mandato en diciembre, Lifschitz lo convocó para que sea parte del gabinete provincial y mi mujer es la única que trabaja en el gabinete Municipal de Armstrong, mi suegra fue funcionaria pero fue Concejal electa, cumplió su mandato y cuando terminó dejó la función pública”.

TRANSPARENCIA

En la nota oficial Mozzoni dice: “La Municipalidad cumple con la ley.  Es un ejemplo de austeridad y transparencia, basta ver el nuevo sitio web, modelo de gobierno abierto, donde el ciudadano puede acceder a toda la información pública; sobre todo ver cada cargo y cuanto cobra cada agente, cada funcionario”. El Concejal Chale responde: “El Municipio no es tan transparente, de hecho hay muchísimos pedidos de informes que no han respondido y a mí cuando alguien me dice que es bueno todo el tiempo me da de sospechar, la transparencia se tiene que pregonar con el buen ejemplo, no con un slogan o repetir tantas veces para convencer a los cañadenses de que el Municipio es transparente, de hecho hemos asistido durante todo el kirchnerismo de convenios con el Gobierno Nacional que se evitaban las licitaciones y se llamaban a concurso de precios o compras y adquisiciones directas esquivando el cumplimiento de las leyes de administración pública lo cual de transparencia tiene demasiado poco”.